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¿Y si los gobiernos regionales nos llevan en taxi al médico y al colegio?

¿Y si los gobiernos regionales nos llevan en taxi al médico y al colegio?


Madrid
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Se acerca el inicio del curso escolar y millones de padres sienten indisimulada angustia por las condiciones en las que sus hijos van a desarrollar la jornada escolar, entre ellas las del traslado al centro educativo, cuando este no se produce a pie. La cancelación de servicios de rutas escolares por muchos padres, y la tendencia a evitar traslados en autobuses urbanos así lo indica.

Aunque desde las autoridades sanitarias se envían mensajes de seguridad, la población, ajena a la virtud de los ratios, percibe que los virus respiratorios son más transmisibles en espacios cerrados donde concurre un alto número de personas. Los transportes colectivos, aviones, trenes, tranvías, autobuses y autocares, cargan con cierto estigma y su uso se está viendo resentido. El servicio de taxi también sufre una importante crisis de demanda, por motivos no del todo coincidentes con los anteriores, sino más relacionados con el desplome del turismo, la movilidad urbana, el teletrabajo, la ausencia de eventos de masas o el cierre del ocio nocturno. La realidad es que ambos sectores atraviesan momentos muy difíciles, en triste consonancia con el resto de las actividades económicas.

En toda España el transporte escolar se realiza principalmente mediante autocares de servicio discrecional, contratados por las Comunidades Autónomas mediante contratos públicos sujetos a la concurrencia competitiva de las empresas licitantes.

Estos servicios se encuentran altamente especializados y son objeto de constantes controles por parte de las administraciones, manteniendo un elevado nivel de calidad. No obstante, en algunos casos son muy costosos para el erario y se encuentran infrautilizados, con un nivel de eficiencia con amplios márgenes de mejora, tal como en los medios rurales y periurbanos, donde rutas muy largas prolongan en exceso la jornada lectiva, o autocares que no alcanzan a completar ni un cuarto de su capacidad en plazas ponen de relieve que la cooperación con otros vehículos, como los taxis, mejoraría sustancialmente el servicio con beneficios no solo económicos, sino de calidad para toda la comunidad educativa.

La legislación de transportes impone que «la eficacia del sistema de transportes deberá, en todo caso, quedar asegurada mediante la adecuada utilización de los recursos disponibles, que posibiliten la obtención del máximo rendimiento», de modo que quizá esta situación crítica que atravesamos sea el mejor momento para propiciar la entrada generalizada en el transporte escolar de los taxis a demanda, como complemento a las rutas escolares, monitorizados con la ayuda de la tecnología, con servicios puerta a puerta y reduciendo la saturación de autocares, que abundarían en el ahorro tanto económico como de tiempo, sin ningún perjuicio a la seguridad que todos esperamos que tengan nuestros hijos, y, dada la eficiencia energética de la flota, incrementarían la sostenibilidad medioambiental de este transporte.

Si algo nos debiera enseñar la resaca de esta epidemia, a medio plazo, es a asignar eficientemente los recursos públicos, porque las cifras macroeconómicas y la deuda no están para dar ninguna alegría a los presupuestos públicos. Evitando en las licitaciones del transporte escolar, la imposición de un determinado tipo de vehículo en función del número de alumnos de la ruta, de tal manera que se permita la presentación de ofertas alternativas, tales como varios vehículos taxi u ofertas conjuntas de autocares y taxis, obtendríamos una mejora sustancial del servicio a un menor coste. No solo es algo deseable, sino que ahora más que nunca va a ser imprescindible dedicar cada euro del presupuesto de las administraciones a obtener los mejores servicios al ciudadano en las mejores condiciones de competitividad. Lo contrario nos arrojará a modelos más “caribeños”, de los que no nos será fácil salir airosos.

Igualmente, existen otros traslados tanto o más inexorables que los de nuestros niños, que son los que realizan nuestros mayores y personas mas vulnerables a los centros hospitalarios para recibir tratamientos no urgentes, que podrían realizarse con más frecuencia también en taxi. Como, por ejemplo, la asistencia programada a centros sanitarios para recibir tratamientos de diálisis, radioterapia o rehabilitación, donde el derecho de libre elección del usuario, y la libertad de gestión empresarial, podrían propiciar un jugoso ahorro al erario de las Comunidades Autónomas, sin menoscabo de la calidad y seguridad de los usuarios.

La normativa estatal, aunque no todo lo clara que debiera, permite que dicho transporte sanitario no asistido y no urgente pueda llevarse a cabo no solo a través de ambulancias no asistenciales, sino también, bajo supervisión del facultativo que lo prescriba, en su caso, a través de otros medios de transporte como el taxi, y, de hecho, las regulaciones de algunas regiones así lo prevén. Todo ello, sin perjuicio de que el transporte sanitario urgente o medicalizado se continúe realizando, como es lógico, a través de ambulancias

El taxi nunca ha sido ajeno a este tipo de transportes, pero si algo nos han esclarecido los momentos más difíciles de la crisis sanitaria, durante el periodo de limitación del derecho fundamental a la movilidad, es que tanto la aptitud de sus vehículos como la actitud de los taxistas ha sido optima en este aspecto. En todos queda en el imborrable recuerdo de como los taxistas han estado a la altura de su consideración como servicio público de interés general, prestando miles de servicios sanitarios no medicalizados, gratis, voluntaria y solidariamente tanto para sanitarios y otro personal esencial, como para pacientes y sus familiares, procediendo a la limpieza recurrente de sus vehículos y promoviendo las más excelentes prácticas.

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), otrora tan enemistada con los taxistas, apoyó este acceso de los taxistas a los servicios sanitarios no medicalizados en uno de sus informes, que vio la luz en febrero de este mismo año, donde sentenció que «Las licitaciones donde se ha limitado la participación de este tipo de operadores han supuesto un mayor coste para las arcas públicas y menores incentivos a prestar servicios de calidad del servicio para los usuarios», e insistió́ en recomendar a las administraciones que incorporen a los taxistas en los citados servicios de transporte, realizando «una adecuada división de los contratos en lotes que reflejen los distintos tipos de traslados (asistencial/no asistencial) y por tanto el tipo de licitadores susceptibles de participar».

Por último, la cooperación de los taxistas también se puede extender al desplazamiento regular de empleados públicos (transporte laboral), donde existe otro nicho de eficiencia en el que de la combinación de distintas modalidades transportes resultará un equipo ganador en economía y sostenibilidad, además de en competitividad, como sin duda esperamos que acaben facilitando las Consejerías de Educación y Sanidad de nuestras Comunidades Autónomas, y, también, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien no debiera obviar las reglas conducentes a articular este eficiente sumatorio de autocares, ambulancias y taxis, en su proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, anunciado como uno de los principales hitos de esta legislatura.

Emilio Domínguez del Valle. Abogado experto en Movilidad y Transportes

EMILIO DOMÍNGUEZ DEL VALLEEMILIO DOMÍNGUEZ DEL VALLE

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