Entretenimiento

Villarejo tuvo copia del móvil de Bousselham después que Pablo Iglesias

Isabel Vega


Madrid
Actualizado:

Guardar

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha desestimado el recurso del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias contra el auto por el que el pasado 25 de mayo decidió dejarle fuera del caso Villarejo, donde ostentaba la condición de víctima, a la luz de la posible comisión de un delito de revelación de secretos y otro de destrucción de dispositivos informáticos.

En un auto firmado este lunes, el instructor reprocha a Iglesias que tuviese una copia del volcado del móvil de su asesora, Dina Bousselham, durante meses y a sus espaldas, copia a la que tuvo acceso incluso antes que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo: los archivos de aquel teléfono encontrados entre el arsenal de documentación que se le intervino se crearon en abril de 2016 e Iglesias ya tenía la tarjeta de memoria en enero del mismo año.

«Este dato debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por el recurrente, entre el investigado Sr. Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham», dice el juez.

Las pesquisas se siguen en la pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem. Se trata de esclarecer cómo el móvil sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham en noviembre de 2015 acabó entre los archivos de Villarejo, habiendo pasado por dos redacciones y siendo publicado parcialmente en una de ellas.

Iglesias fue llamado como víctima y apuntaba a una maniobra de la «cloaca» del Estado por la que Villarejo habría sido el nexo entre el robo y la publicación de ese contenido, unos pantallazos de conversaciones en Telegram en las que el ahora vicepresidente salía mal parado.

Sin embargo, a lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto, por un lado, que Iglesias tuvo ese mismo volcado del móvil en enero de 2020 y se lo ocultó a su legítima propietaria y que ella, además, hacía pantallazos de las conversaciones y las compartía, por lo que la fuente de la publicación pudo no ser necesariamente Villarejo.

«No ha resultado acreditado que el Sr. Villarejo posea la primera copia de la tarjeta. En este momento, el único hecho cierto es la fecha de creación de las carpetas ubicadas en los dispositivos que el Sr. Villarejo tenía en su poder; estas fueron creadas el 14 de abril y 11 de julio de 2016», explica el juez.

Es decir, que el 20 de enero de 2016, cuando Iglesias tuvo acceso a la tarjeta, Villarejo no disponía «de archivo alguno» procedente de ella y sin embargo, sí está acreditado que el ahora vicepresidente la «tenía en su poder».«En definitiva, a medida que fue avanzando la investigación, las diligencias practicadas revelaron un escenario diferente, y es este nuevo escenario el que conduce a la decisión de revocar a Pablo Iglesias Turrión en su condición de perjudicado», concluye García Castellón.

Estaba «dañada»

El juez suma este hecho a que Iglesias «recibió la tarjeta y no le dijo nada a Dina Bousselham pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular, y que además la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita».

«Pese a ello Pablo Iglesias no devolvió la tarjeta a Dina, ocultándole que la detentaba, y son lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en Julio de 2016, tras la publicación de las imágenes», expone.

Para el instructor, «esta pasividad resulta incoherente con las manifestaciones realizadas en sede judicial por el Sr. Iglesias y confirman (de nuevo) que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso».

En cuanto a la devolución de la tarjeta a su propietaria, que tuvo lugar en una fecha aún por determinar entre 5 y 39 meses después de que Iglesias tuviera acceso a ella, el juez simplemente concluye que cuando se la entregó, estaba «dañada», asunto sobre el que la defensa del vicepresidente no habla en su recurso contra la expulsión del procedimiento.

Orden Europea de Investigación

Precisamente, este asunto sigue pendiente de esclarecer. Tras acreditar, como adelantó ABC, que la tarjeta fue enviada a una empresa de reparaciones con sede en Reino Unido, el juez solicitó a la Policía que indagase allí si pudieron ocasionarle los daños y en concreto, la «quemadura parcial» que actualmente presenta.

Asimismo, ha librado una orden europea de investigación para que se le permita desplazarse in situ e interrogar al representante legal de la empresa y al técnico que estuvo en contacto con la tarjeta, según el auto al que tuvo acceso ABC, si bien tendrá que ser una vez se les identifique y localice, dado que el trabajador que atendió esa petición en particular ya no trabaja en la compañía.

En concreto, quiere averiguar «el estado en que se encontraba la tarjeta» y recabar cuanta información conserven «de las actuaciones que se realizaron sobre la misma», pues está en juego la posible comisión de un delito de daños informáticos que podría atribuirse a Pablo Iglesias si se demuestra, como decía Bousselham en sus dos primeras declaraciones antes de retractarse, que cuando por fin le devolvió la tarjeta, estaba inservible.

De acuerdo a la documentación que esta empresa ya remitió a la Audiencia Nacional, cuando apreciaron que la tarjeta necesitaba de técnicas forenses de análisis dada la dificultad de acceder a su contenido, contestaron a Sa Ferreira dándole la opción por un presupuesto que en caso de éxito en la operación, superaba los 600 euros. Él lo rechazó y la tarjeta la fue devuelta en noviembre de 2017.

Las fuentes de la compañía consultadas por ABC explicaron que ya no conservan en sus bases de datos las imágenes que por protocolo, toman de los dispositivos a su llegada y previo a la devolución al cliente. Sólo obraba en sus archivos la cadena de correos electrónicos con Sa Ferreira que ya fueron aportados.



Source link

Deja un comentario

También pueden gustarle