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«Se ha aprovechado la pandemia para impedir la respuesta social contra la norma»

«Se ha aprovechado la pandemia para impedir la respuesta social contra la norma»


MADRID
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Este miércoles ha tenido lugar el III Foro ABC Educación, la última edición de este año en la que se ha abordado un tema capital para la educación en España: la «ley Celaá».

Este proyecto de ley educativo del Gobierno acaba de ser aprobado en el Pleno del Congreso y actualmente continúa su tramitación en el Senado, por lo que, previsiblemente se convertirá definitivamente en ley (para lo que tiene que volver a la Cámara Baja) a finales de febrero.

La «ley Celaá» ha generado mucho debate, sobre todo desde el sector de la concertada que denuncia que es atacada en la norma y que con ella se busca su progresiva eliminación. También advierte de su desaparición la educación especial. Por no mencionar la enmienda apoyada por ERC que elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza.

ABC quería despedir este año con un debate obligatorio: el impacto de la ley educativa, cuáles son sus beneficios para el alumnado, el profesorado y las familias; cuáles sus críticas; cuándo se aplicará y si es idónea su llegada el próximo curso escolar y su reemplazo por la actual norma vigente: la Lomce.

Para ello, ABC ha contado con los mayores expertos para abordar el debate sobre una ley que ha ocupado la atención de los lectores durante meses.

Jesús Muñoz de Priego. Portavoz de la Plataforma «Más Plurales» y abogado especialista en derecho educativo.

José Saturnino Martínez. Profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna y Director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Exasesor de José Luis Rodríguez Zapatero.

Alfonso Bullón de Mendoza. Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

A los ponentes se les planteó si la norma llegaba en buen momento y si realmente era necesario aprobar una nueva ley:

Bullón de Mendoza dijo: «Me llama la atención por contraste lo que intentó hacer el entonces ministro Gabilondo. Lanzó la idea de la necesidad de un Pacto por la Educación, estuvo en comunicación con todos los locutores sociales, y entonces hubo 15 o 20 Terceras de ABC apoyando ese pacto educativo. Recuerdo que me pidieron una de esas Terceras y, en ese momento, estaba de rector en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y me planteé que había conocido a cuatro ministros de educación socialista y era evidente que los ministros socialistas tenían diferentes conceptos entre sí de la educación: «Mal nos vamos a entender cuando el propio partido no tiene un criterio único», pensé».

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU recordó el texto de un abuelo suyo, un diputado conservador, «que en 1912 decía que las leyes educativas eran demasiado serias para dejarlas en manos del ministerio del partido de turno. Respecto a esta norma no se ha trabajado lo suficiente lo de conseguir los consensos políticos y sociales. Ha habido demasiada prisa y pienso que se ha aprovechado la pandemia para impedir la respuesta social contra la norma».

Por su parte, Saturnino Martínez dijo que «el momento de pandemia es un momento de oportunidad y además las leyes son lentas entre que comienzan los trámites en el Congreso hasta que se aprueban, por lo que, si no se hace ahora difícilmente se va a ver en esta legislatura, y ello podría dar como resultado una legislatura incompleta desde el punto de vista educativo porque luego tendría que desarrollarla otro equipo de Gobierno que no lo haría con el mismo espíritu».

Para Muñoz de Priego «no llega en buen momento; había una unidad en la sociedad que establecía que hacía falta un cambio legislativo; efectivamente la Lomce no fue una buena ley y tenía que ser modificada pero ahora estábamos en un momento idóneo para alcanzar un Pacto por la Educación. Todo el arco parlamentario lo reconocía y el propio Partido Popular intentó modificar su ley, la Lomce, llegando a un Pacto de Estado por la Educación que no tuvo éxito y en la primera legislatura del Gobierno socialista también se intentó. Era una oportunidad histórica y se ha perdido porque ahora estamos ante una nueva ley partidista, que no solo va a impedir el pacto por la educación y lo lastrará en el futuro. ¿Cómo estará el PSOE legitimado para pedir consenso en futuras legislaturas con esta actuación?».

Durante la tramitación parlamentaria, se ha criticado que se ha eliminado a la concertada como garante del derecho a la educación (artículo 109.1), además de establecer un compromiso de incremento de plazas públicas (109.5). A esto se suma que cuando el PSOE gobernaba en solitario ya eliminó la demanda social, la referencia a que la distribución de las plazas gratuitas tiene en cuenta las solicitudes de los padres.

Para Martínez, «en los años 80, cuando salió la LODE, la concertada salió a la calle diciendo que el PSOE iba a acabar con la concertada y vemos que se mantienen en una cuota más o menos estable como la del 85 cuando se aprobó la ley; la ley puede que de un paso atrás y es asumir que el Estado tiene el derecho de ofertar las plazas públicas, que coopera con la concertada en ofrecer dichas plazas porque el Estado no llega a todos los sitios. Por otro lado, hay una tergiversación en el debate y supera el marco de esta ley y me preocupa y es la reducción del concepto de libertad a algo tan banal como elegir; la libertad es la de poder realizarse como tal, no elegir A o B y ahí la elección no tiene que ver tanto con el centro sino de la participación de la comunidad educativa en la vida del centro y con esta legislación de potencia la participación de las familias y del alumnado. No es cierto que una mayor presencia de lo público nos da un Estado totalitario porque si eso fuera así Noruega o Finlandia serían estados totalitarios. Se está secuestrando la palabra libertad para llevarla a un concepto muy limitado que es el de elección y es una palabra más trascendente».

«Ustedes pueden elegir el shampoo pero no la educación de sus hijos»

En el extremo opuesto, Priego dijo que «la libertad de enseñanza es lo que es y está reconocida en la Constitución. La libertad de enseñanza supone la libertad de eleccción de un tipo o modelo de educación y que le corresponde a los padres; lo de la participación viene en otro artículo. La ministra Celaá dice que a la demanda social se la da un uso mercantilista y esto me hace gracia: Es como decir: «Ustedes pueden elegir el shampoo o la pasta de dientes pero no la educación de sus hijos, para eso ya está el Estado»».

Priego explica que eliminar la demanda social «supone que la administración va a poder programar unilateralmente dónde están las vacante sin tener en cuenta las peticiones de las familias. La demanda social beneficia a los centros que son elegidos por los padres y perjudica a los que no y eso es independiente de la titularidad del centro en concreto».

El portavoz de Más Plurales resaltó también la eliminación de la concertada como garante del derecho a la educación (cambio introducido en la ley con las enmiendas de los socios del PSOE): «El derecho a la educación es el acceso universal a la enseñanza; la educación tiene que garantizar el derecho a la educación con plazas gratuitas, sostenidas con fondos públicos. Sin embargo, lo que se extrae de la Lomloe es este engaño que pretende hacernos pensar que el derecho a la educación solo se garantiza con en centros de titularidad de la administración pública. Esto es un ataque a la concertada que lleva a pensar que la concertada es subsidiaria de la pública, a pesar de la jurisprudencia asentada y reincidente del Tribuanl Supremo que dice que ambas redes son complementarias».

Por su parte, Bullón de Mendoza dijo que «en España hemos tenido constituciones de partido, como la de 1812 o 1931 y otras que han buscado consenso como la de 1876 o la actual. En esta, uno de los debates más importantes fue el debate del artículo 27, sobre la libertad de educación. Era un tema con el que el PSOE no se sentía cómodo pero se llegó a un consenso de todas las fuerzas políticas. El artículo 27.3 es claro: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La mayoría de la educación concertada es de tipo católico, no puedes decir a gente que quiere estudiar en colegios con determinado proyecto educativo que lo hagan en otros que no lo tienen. El tema de elección de los padres es importante y está amparado por la Constitución».

Educación especial

La educación especial también se abordó, como era de esperar. La disposición adicional cuarta de la norma alude en un texto ambiguo al cierre en diez años de estos centros, algo que Martínez ha negado: «Me genera estupor porque no hay ningún artículo que diga que se van a cerrar los centros de educación especial, se dice que se van a mantener; no he visto a nadie del Gobierno, ni del PSOE diga que los va a cerrar. Se ha montado un debate, que para mí es un reto como sociólogo: explicar cómo se ha generado un debate donde no lo hay».

Bullón de Mendoza dijo, por su parte, que «la ley plantea que en el plazo de diez años habrá que tender a que la mayoría de los centros estén integrados en los ordinarios. Esto es una aspiración de todo padre pero depende de cada caso. Pero la pregunta es si se darán los medios necesarios, tenemos un sistema que ahora nos está funcionando por lo que ¿cuando evolucione la ley cómo va a ser?».

Muñoz de Priego dijo que el articulado «no garantiza la pervivencia de los centros de educación especial. Se dice que se va a invertir más en la inclusión, pero sería muy fácil decir también que se va garantizar la estabildiad y pervivencia de los centros de educación especial. Lo que se teme es que pierdan alumnado y así financiación y por ende cierren por inanición».

El portavoz de Más Plurales recordó el artículo 76 «que dice que se tendrá en cuenta el interés superior del menor «y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo». Es decir, se tendrá en cuenta lo que digan las familias si optan por la inclusión, si no no lo tendremos en cuenta».

«En España se repite mucho y de forma severa»

La Lomloe prevé un máximo de dos repeticiones a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. En este sentido, Martínez dijo que la ley «va en la línea de lo que dicen muchos expertos y muchos internacionales de que en España se repite mucho y de forma severa, es decir, que alumnado que estuviese en otros países no repetiría y en nuestro país sí. Y además se repite con desigualdad: a igualdad de competencias, las personas de origen social y económico más bajo tienen más probabilidad de repetir».

Por su parte, Bullón de Mendoza señaló que es «consciente de que hay un tema de fracaso educativo y olvidamos que la Logse introduce más años de enseñanza obligatoria y al hacerlo, retrasa la obtención del título lo que también trae como consecuencia un incremento del fracaso escolar. Esto hay que combatirlo, pero lo que me llama más la atención de la ley es que no hay mención a la cultura del esfuerzo, todo se diluye, se da por automático».

Contra el castellano

Muñoz de Priego dijo, en este sentido, que «los esfuerzos se centran en la perspectiva ideológica y dejamos debates que no se están tratando como el fracaso escolar o el abandono temprano. Respecto a la promoción se está atentando sobre la cultura del esfuerzo. El fracaso escolar consiste en que hay alumnos que no adquieren ni las competencias ni los contenidos y no tengo claro que la respuesta de la ley sea afrontar eso; al final parece que lo esconde promocionando, titulando, sin que adquieran esas competencias y conocimientos».

Respecto a la eliminación del castellano como lengua vehicular, Bullón de Mendoza dijo que hay quien plantea que esto no va a suponer un cambio real pero «cuando se propone una enmienda se hace para algo y la intencionalidad de la enmienda es de quien la propone, en este caso, ERC por iniciativa de la Plataforma per la Llengua, la que denuncia en Cataluña a los niños que hablan castellano en el patio o a los comerciantes que rotulan en castellano, etc».

Priego dijo, en este sentido, que «los temas que afectan a aspectos de identidad son aquellos que especialmente requieren un consenso y este es uno de ellos. El Gobierno es negacionista: dicen que cambia la ley para no cambiar nada. ¿Entonces para qué la modifican?».

Martínez dijo que la ley afirma que el alumnado «debe finalizar sus estudios sabiendo la lengua de la comunidad autónoma y el castellano y, por eso, se debe jugar con los refuerzos según convenga: habrá alumnos que tengan que reforzar el castellano en Cataluña o donde se necesite más refuerzo de catalán. La alusión a la lengua vehicular es de la Lomce, antes no estaba», apuntó.

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