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Renta básica | Reacciones a las enmiendas al Ingreso Mínimo Vital: de la satisfacción al escepticismo – El Salto

Renta básica | Reacciones a las enmiendas al Ingreso Mínimo Vital: de la satisfacción al escepticismo - El Salto


El Ingreso Mínimo Vital, medida estrella del gobierno de coalición para contrarrestar la pobreza severa, ha estado en el centro de la agenda pública desde que fuese anunciado. Tras protagonizar el debate partidista en la los meses previos a su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mayo, las deficiencias en la implementación de la medida han sido objeto de reclamo por parte de los potenciales beneficiarios y las organizaciones que les acompañan, y han motivado en diversas ocasiones el anuncio de modificaciones destinadas a facilitar el acceso al mismo ante la lentitud de su implementación.

Esta semana el IMV se ha vuelto a revelar clave en el relato de las fuerzas que componen el Gobierno y una pieza fundamental, según trascendía a los medios, en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Mientras que el lunes se anunciaba que la negociación en torno a la ayuda era el escollo pendiente entre los partidos que forman la coalición, la mañana del martes se hacía público el paquete de mejoras acordado. El mismo incluye ciertas enmiendas destinadas, según el Gobierno, a superar algunos de los problemas presentados y ampliar su alcance: se tomarán en cuenta los ingresos del año corriente y no será necesario esperar a final de año para solicitarlo, los Servicios Sociales podrán acreditar que se cumplen con los requisitos y se bajarán de tres a dos los años de emancipación necesarios para los menores de 30 años. En los presupuestos para 2021, se asignarán 3.017 millones para esta medida.

Entre las enmiendas destinadas a superar algunos de los problemas presentados y ampliar su alcance, el Gobierno tomará en cuenta los ingresos del año corriente y no será necesario esperar a final de año para solicitarlo

Para el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, Joaquín García, que lleva desde que se comenzara a implementar el IMV denunciando los límites a la hora de aplicarlo e interrogando al Gobierno sobre las miles de solicitudes presentadas que esperaban respuesta, el balance es positivo. “Consideramos que se recogen, finalmente, gran parte de nuestras demandas”. A García le parece fundamental que se tenga en cuenta a las personas sin hogar, “creemos que eran las grandes olvidadas y, al mismo tiempo, las mas necesitadas de esta ayuda”.

Para la asociación es urgente ahora abordar la situación de quienes por unas razones u otras no tendrán derecho al IMV. Las personas migrantes que tienen menos de un año de vida laboral, o los menores de 23 años que quedan excluidos de la ayuda, estarían entre estos colectivos pendientes. Para ellos, la Asociación de Víctimas del Paro promueve un plan estatal de empleo.

En la Asociación Realidades también han sido testigos de la necesidad que muchas personas tenían, en el momento de anuncio del IMV, de acceder a algún tipo de recurso, hasta el punto de que en verano vieron que de un día para otro sus energías se vieron absorbidas por la necesidad de ayudar con los trámites. Es ahora, señala Carmen Algarín, desde la sede que la organización tiene en Sevilla, cuando están llegando los primeros IMV tramitados en junio. 

“Consideramos que se recogen, finalmente, gran parte de nuestras demandas”, valora Joaquín García, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro

Para hacer esa labor de acompañamiento a sus usuarios y usuarias, en la asociación no han contado con ningún recurso extra. “Lo hemos hecho por amor al arte, al trabajo que tenemos que hacer le hemos sumado todo esto”. En general, desde la asociación se han hecho cargo de gestionar todas las ayudas y prestaciones más allá del IMV, dado que la administración estaba cerrada y todo era telemático. “Si nosotras ya estamos agobiadas teniendo ciertas habilidades, ellos sin internet o sin un móvil, imagina. Además ha sido todo un trabajo enterarnos de cómo iba, lo que se necesitaba”. Tras meses funcionando así, han pasado a cumplimentar solicitudes solo un día por semana.

Si bien Algarín señala que no han encontrado muchas dificultades para completar los formularios sí destaca que, a menudo, las complejas casuísticas que se dan en la vida real de un barrio como las 3.000 viviendas, donde se encuentra su sede, desbordaban los requisitos y tenían difícil encaje en los criterios especificados en la norma. Otro escollo importante ha sido el del empadronamiento, condición necesaria, al menos hasta ahora, para acceder al subsidio.

“¿Al final la trabajadora social va a tener que arreglar lo que los políticos están destrozando, para que no haya un estallido?, se pregunta la trabajadora social Hontanares Arranz

De Seguridad Social a Servicios Sociales

“Dijeron que las personas sin hogar iban a poder empadronarse sin problema, y por lo menos en Sevilla, es casi imposible empadronarse si no tienes casa. Te piden una factura de algo, las personas sin hogar no tienen facturas”, relata Algarín que cuenta cómo se ha de presionar cada vez para que las personas accedan a este derecho. En el caso de las 3.000 viviendas, añade, hay mucha gente que no paga ni luz ni agua, que no tiene ningún recibo para mostrar y empadronarse, por eso algunos contratan seguros, “se buscan las vueltas”, concluye.

Pero si algo preocupa a esta trabajadora es que, al no poder compatibilizar el acceso a estos recursos con el trabajo, se acabe desincentivando el acceso al empleo y cronificando la exclusión. En realidad matiza, subsidio y trabajo son compatibles, pero no suman: “Si tu cobras para tu familia 1015€ de Ingreso Mínimo Vital, y trabajando te pagan 700€, que te detraen de la ayuda para acabar cobrando lo mismo, pues entonces no tienes ningún incentivo para buscar empleo”. La integrante de Realidades aclara que entiende la situación: “Yo haría lo mismo, ¿para qué voy a trabajar con lo que esto implica de salarios insuficientes, necesidad de conciliar, riesgo de perder la ayuda, si obtengo lo mismo sin hacerlo?”. Algarín considera que si el salario pudiese sumarse hasta cierto punto, se estaría incentivando el trabajo: “Si pasas de cobrar de 1.000 a 1.500, quizás ahora sí que te compense”. Si bien este tipo de mecanismos fueron anunciados mientras se diseñaba la ley, no se han implementado.

“Es como necesitar agua porque te estás deshidratando y que te pasen un gotero y te den dos gotas. Y encima estar agradecido”. Quien así habla es Hontanares Arranz, integrante de la pataforma RMI tu derecho y la Marea Básica, que frente a las limitaciones de las rentas condicionadas, como lo son tanto las rentas autonómicas como el ingreso mínimo vital, defienden una renta básica universal e incondicional.

Además de insuficientes, Arranz considera las medidas decepcionantes. “El lunes se anunciaba que no había acuerdo con el ingreso mínimo vital y algunos pensamos que iban a tomar en serio todas las recomendaciones que habíamos hecho para que se cambiaran las cosas”, sin embargo, para esta trabajadora social, las nuevas medidas son una aporte más a “un batiburrillo con poca concreción”. Y encuentra injusto y contraproducente el anuncio de que los servicios sociales se encarguen de certificar los requisitos. En gran medida porque estos Servicios Sociales ya están colapsados, “y más que lo van a estar”, advierte, “porque cuando la gente ve que el IMV no llega, y teniendo en cuenta que en algunas comunidades autónomas las rentas mínimas se han paralizado, acuden a Servicios Sociales para solicitar ayudas de urgencia. “¿Al final la trabajadora social va a tener que arreglar lo que los políticos están destrozando, para que no haya un estallido?, se pregunta.

Para Arranz hay un problema de fondo: “No se soluciona la pobreza severa en cuanto que siguen siendo criterios de exclusión factores relativos a la pobreza severa”. Uno fundamental tiene que ver con el cambio frecuente de hogar cuando “no tienes resuelto tu habitar porque no puedes pagarlo y te ves en situaciones en las que probablemente ni siquiera tu padrón está actualizado porque es un laberinto burocrático que no puedes seguir”. El criterio del empadronamiento supone para Arranz uno de los principales problemas, particularmente para el sinhogarismo. Pero no piensa que sea un tema que se puede dirimir en Servicios Sociales. “La gente sin padrón está también excluida de servicios sociales. Si estás en extrema pobreza y no tienes el padrón resuelto, no lo tienes para que te atiendan con el IMV ni en Servicios Sociales”.

“La gente sin padrón está también excluida de servicios sociales. Si estás en extrema pobreza y no tienes el padrón resuelto, no lo tienes para que te atiendan con el IMV ni en Servicios Sociales”

Desde la Marea Básica consideran así poco sustanciales las mejoras: “Se han bajado de tres a dos los años necesarios de emancipación para que los menores de 30 puedan obtener la ayuda, es un año menos, ¿pero qué cambia?”, la trabajadora recuerda que justamente al mantener la edad mínima en los 23 años, se están obviando las necesidades de emancipación de los jóvenes, muchas veces en situaciones de alta conflictividad familiar.

Adolescentes y jóvenes, eran precisamente, uno de los colectivos más afectados por la pobreza en España, según demostraba un informe del Consejo Económico y social de España en 2017 sobre las Políticas Públicas para combatir la pobreza. “Explica claramente que el sistema público no funciona y además señala exactamente a qué sectores hay que proteger más”. Además de las personas jóvenes, según el informe, “los inmigrantes son uno de los grupos más empobrecidos, se les pide que acrediten su residencia para acceder a la ayuda”, Arranz recuerda la dificultad de cumplir con ese requisito en un momento en el que no dan citas en extranjería, y ante una emergencia de desempleo que dejará a mucha gente sin papeles dada la dificultad de acceder a un trabajo.

Pero si hay algo que soliviante a Arranz es el anuncio de que serán tenidos en cuenta los recursos del año corriente para acceder a la prestación. En la ley, recuerda, se tenían en cuenta los recursos del año cumplido para presentar la solicitud, pero la cuantía debía extraerse de lo ingresos actuales. Sin embargo son muchos quienes denuncian que el IMV que les ha llegado este año es la diferencia entre lo que cobraban el año pasado y el umbral mínimo, independientemente de lo ingresos de este año.

“Es una trampa, si se pide que declaren sus recursos actuales, si la administración tiene acceso a esta información, ¿cómo puede ser que se les conceda el ingreso en relación con lo que cobraron el año pasado?. Además a esta trabajadora social le irrita el mínimo establecido para que las personas tengan acceso a la ayuda en el año corriente, estar ingresando menos de la mitad de la cuantía marcada como umbral, es decir, 200€ en caso de un adulto solo.

“Las cartillas de racionamiento eran más humanas que esto, porque por lo menos contaban cuánto necesitabas para comer”, concluye crítica Arranz, miembro de Marea Básica

arbitrariedad

Para Arranz el problema radica en gran medida en que en las resoluciones no se especifique información sobre el por qué de la denegación o aceptación de la ayuda, o la procedencia de la cuantía, dificultando que las personas puedan reclamar en caso de que se tome como referencia los ingresos del año pasado. En general, explica, hay un gran espacio para la arbitrariedad y equipos no formados en la tramitación de estas ayudas: “Nos llegan todos los días casos imposibles, yo creo que lo que ocurre es que hay técnicos que no conocen la ley que están tramitando esto. Pienso que va haber muchos errores derivados de la falta de conocimiento de quien tiene que tramitar”. Al contrario de los Servicios Sociales, fundamentales en la gestión de las rentas mínimas, “ahora esto tienen que atenderlo otras administraciones que son mucho menos discrecionales, que son mucho más normativas, que tiene menos complejidad cuando resuelven porque esto parece un “¿de qué manera me quito de encima gente?”.

A pesar de que el Gobierno ha anunciado que aceptará más de dos receptores de IMV por hogar, para Arranz la concepción de unidad de convivencia sigue generando graves consecuencias para las familias extensas, aquellas monomarentales que viven con algún adulto, o numerosos adultos que comparten vivienda pero no vínculos entre ellos. Por ello, cree necesario que se revise esta forma de pensar el derecho a las ayudas.

Así, Arranz, como integrante de RMI tu Derecho y Marea Básica, sigue denunciando enérgicamente una ayuda que consideran insuficiente e incapaz de solucionar el problema de la pobreza severa. “Las cartillas de racionamiento eran más humanas que esto, porque por lo menos contaban cuánto necesitabas para comer”, concluye crítica.



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