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«Los inmigrantes no tienen que estar de ninguna de las maneras de cuarentena en ninguna comisaría»

Díaz Tejera, en una visita en 2009 a la activista saharahui Haminatu Haidar durante su etapa de senador


Madrid
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Cuesta creer que un archipiélago que lleva 26 años recibiendo pateras, que en 2006 registró la mayor avalancha nunca vista -la llamada crisis de los cayucos- y se pertrechó de infraestructuras por lo que pudiera pasar (y no pasó), reciba 112 inmigrantes en una semana y para ponerles en cuarentena haya tenido que encerrarles en calabozos.

«Hay recursos suficientes para estas personas no tengan que estar de ninguna de las maneras en ninguna comisaría, porque una comisaría no está para recibir inmigrantes irregulares, sino para investigar hechos delictivos y detener a presuntos delincuentes». Lo dice el magistrado Arcadio Díaz Tejera, al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la isla, que ordenó desalojar por falta «de garantías sanitarias», a pesar de lo que no ha perdido cuidado de quienes lo ocupaban y de velar por sus derechos durante el confinamiento.

Su interés, precisa, es «real, no formal» y en cada una de sus consideraciones lo hace extensivo a la población inmigrante que no ha parado de llegar durante esta pandemia. «Ni va a parar, -advierte-, es un fenómeno permanente y estable y no se puede entender que se aborde como si fuera algo excepcional e imprevisible. Se sabía, la ubicación geográfica de las Islas Canarias no va a cambiar… Se trata de no improvisar, de tener pensamiento estratégico y de preparar, ordenarlo y acondicionar con sentido común». Pero en la situación actual no ha habido ninguno, puesto que la acogida de quienes tenían que ir directos a cumplir un aislamiento forzoso, -acogida que compete al Ministerio de Inclusión y Migraciones-, se ha despachado recurriendo a celdas policiales.

Con el recordatorio por delante de que la ley le obliga «a no criticar y a no felicitar a las autoridades», el juez da una respuesta conciliadora a la pregunta de quién o qué ha fallado. «He estado todos los días del estado de alarma lidiando con todos de todo ámbito administrativo: estatal, autonómico, sanitario, de las ONG, cuerpos de seguridad… y me consta la buena voluntad. Son personas con sensibilidad, pero ya no es eso, es que hay, digamos… diversidad de criterios interpretativos sobre cómo gestionar la orden de la cuarentena, se tropieza con interpretaciones competenciales, procedimentales, y tienes que insistir en que lo relevante no es si empiezas tú o yo o si tú das el primer paso, sino que las cosas se hagan con sentido y dignidad».

Catalogar recursos, automatizar el alojamiento

Vista la confusión y los resultados, Arcadio Díaz Tejera tiene una propuesta de solución: «hay que hacer algo obvio, un catálogo de bienes inmuebles que están infrautilizados y son susceptibles de ser utilizados por inmigrantes, para que cuando lleguen, poco menos que se funcione de forma automática y no se tenga que andar buscando el dispositivo alojativo, sino decir «vete a este o al otro»».

Canarias, subraya el magistrado, mantiene una «relación familiar» con los inmigrantes, de solidaridad y comprensión de su situación. No duda en divulgar, por ejemplo, que la Policía ha hecho colectas para comprar «comida, ropa y pañales». Pero ha organizaciones que temen que errores de gestión puedan desembocar en malentendidos que lastren esta sintonía, particularmente si está involucrado el virus de la pandemia. Como las cuarentenas en comisarías, que ya han obligado a desinfectar dos. ¿Hay riesgo de problemas?. «Nunca ha habido brotes negativos y por ahora no veo riesgos. Pero uno nunca sabe cómo puede ser la evolución de los pueblos si surgen episodios de otra naturaleza… espero que no», concluye el juez.



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