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¿Elecciones  o el derecho a la vida?


El régimen de las penurias se aferra al poder sentándose sobre las bayonetas. Salvo que piensen que la realidad es inmutable, se están negando su futuro político. Así lo sugiere la reciente declaración del ministro de la Defensa, asumido como conductor del proceso, quien afirmó: “La oposición nunca podrá ejercer el poder”. Nos preguntamos si está dispuesto a desconocer la legitimidad de un eventual triunfo opositor.

Aprovechó para definir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como antiimperialista (¿a cuál se refiere?), revolucionaria (¿queriendo decir?) y bolivariana”. ¿Le habrá agregado el nuevo esquema de presentación?, el “difunto vive”. Uno de sus predecesores había utilizado otro eslogan, de marca cubana, para el saludo ante los superiores “patria, socialismo o muerte”, que entiendo entró en desuso.

Perplejo por estas manifestaciones, indago entre quienes fueron mis alumnos del curso de Estado Mayor y me dicen: la Fuerza Armada que usted conoció no existe, hay persecución política y represión. Otros afirman: “Lo expresado es susceptible de una lectura distinta: decisión sin retorno o medio para infundir temor”. La afirmación deja en la oscuridad el papel de “los camisas rojas” y su grado de obediencia; la rebeldía y el irrespeto de estos a la cadena de mando le costó el cargo a otro predecesor. La reciente baja de varios centenares de oficiales y la prisión de más de un centenar de soldados revela la inexistencia de una homogeneidad absoluta alrededor de lo afirmado por el ministro.

Simultáneamente, el Tribunal Supremo de Justicia designó nuevos directores en el organismo electoral, desconoció y removió a los dirigentes de los principales partidos políticos y les robó los símbolos a sus propietarios. El CNE, como ha sido denunciado por varios expresidentes y líderes políticos, quienes han interpuesto ante ese TSJ la solicitud de anular las elecciones parlamentarias, consideran las recientes decisiones del organismo como una violación más a la Constitución, animada con el perverso objetivo de destruir la institución del sufragio. Muy probablemente, todo ello forme parte de una estrategia dirigida a infundir miedo y desesperanza, una “invitación” a los venezolanos a quedarse en casa, a no expresar su deseo de cambio, una convocatoria a la parálisis y la docilidad.

Si la “nomenklatura” las tuviese todas consigo no recurriría a estos ardides, a las fanfarronerías con las que se burlan de los países del planeta y que ahuyentan a los demócratas. Aunque ejercen el poder, cuya capacidad de cementar las más disímiles posturas es ampliamente conocida, saben que no pueden confundirlo con éxito político. Los indicadores de la miseria, de la tragedia humanitaria sin precedentes en la región, de una diáspora de más de 6 millones de venezolanos, 20% de la población y próxima al éxodo sirio, confirman el fracaso del “socialismo del siglo XXI”. No hay indicador económico o social que hable bien de ellos y, como saben, estos datos se registran, documentan y difunden; como auténtico hatajo de vándalos han saqueado la propiedad de los venezolanos. Todo el planeta sabe que forman parte de al lista de las 32 dictaduras existentes.

Las decisiones políticas y económicas adoptadas por los ejecutores de la pandemia socialista, cuya letalidad supera la del coronavirus, coloca en vilo la vida de los venezolanos. La dolorosa y triste imagen de los fallecidos en las calles de Bolivia es un alerta a toda la región y en especial a países como Venezuela, cuyo sistema de salud se encuentra en escombros. Urge quebrar esa tendencia irreversible a la destrucción y la muerte y evitar que los ciudadanos continúen sucumbiendo a esta enorme catástrofe y a la permanente violación de los derechos humanos: están en juego los derechos de ciudadanía, como decía Hannah Arendt.

El régimen de las penurias y el saqueo, a sabiendas de su escualidez y precariedad, busca con avidez un resquicio de legitimidad en el mundo, por pequeño que este sea. En ese cometido, las elecciones legislativas, contempladas en una Constitución tan elástica como inexistente, se presentan como una posible tabla de salvación, hoy reducida a tablilla, pues quienes conforman la mayoría de la opción democrática han decidido no cohonestarlas.

Poco importa a la “nomemklatura” la tragedia humanitaria de la cual son únicos responsables. En su empeño por acabar con el país están dispuestos a utilizar las magras reservas internacionales en busca de la legitimidad perdida. En esa ruinosa aventura han sabido conquistar y seducir a diputados, grupos políticos y a las directivas de los partidos designadas por el bufete de abogados del gobierno o el TSJ. El propósito, dar al traste con la actual Asamblea Nacional, único ente legítimo del país y depositario de reconocimiento internacional de más de 50 países. Como dice un gran amigo, Jua, más que elecciones pandémicas el llamado es a unas elecciones criminales.

Son criminales porque en un contexto como el actual, en el que los recursos podrían salvar vidas y destinarse a atender la tragedia humanitaria, destinarlos a un proceso electoral irrealizable y sin las condiciones mínimas, no puede recibir otro nombre: no hay internet, no hay medios, no hay posibilidad de hacer concentraciones, no hay institución electoral, no hay registro, no hay limpieza de los datos, no hay transporte, no hay normas.

La existencia de partidarios y detractores de las elecciones, usando epítetos y soflamas incendiarias, descalificaciones de todo tipo, crean un espectáculo en el que se solaza la “nomemklatura”. Esta diatriba se suma a una sociedad exhausta, extenuada, desmovilizada, en penuria, peleando por la vida y la sobrevivencia y ambas realidades crean  condiciones que el régimen considera propicias y desea aprovechar para convocar elecciones legislativas. Entre las tres opciones planteadas: participar, no hacerlo o postergar las elecciones, el régimen se inclina por la primera.

No es bueno ni recomendable cerrar los ojos para no ver los hechos desnudos, tozudos y cambiantes. Para el régimen estas elecciones tienen una importancia superlativa. Una nueva Asamblea bajo su control y con toda la disposición a nombrar como presidente de ella a un “outsider”,  que ponga fin a la única institución legítima del País.

El Parlamento actual cuenta con el apoyo y el reconocimiento internacional. Los gobiernos del planeta han intentado, por todos los medios a su alcance, propiciar un proceso electoral ajustado a los estándares democráticos y de este modo favorecer un cambio pacífico para poder responder a la tragedia humana que padecen los venezolanos. Imaginamos que frente a la desfachatez e indisposición del régimen a aceptar una salida democrática, gobiernos, países y parlamentos en el mundo comprenderán y compartirán la decisión adoptada.

Resulta imprescindible acompañar el apoyo internacional, que se verá disminuido a causa de los efectos sociales y económicos del COVID-19, de un sólido respaldo al interior del país, con una mayoría trabajando para reconquistar la libertad. Sin esta última no es mucho lo que se puede avanzar. La alternativa democrática necesita hacer suyo el proverbio: ayúdate que yo te ayudaré. No se les puede pedir a los amigos que se inmolen por nosotros.

Cada decisión acarrea consecuencias y seguramente cada una de ellas ha sido debidamente sopesada y analizada. Quienes han decidió participar conocen la realidad a la que se enfrentan, ha sido meridianamente definida por uno de sus rectores y no debería haber muchas sorpresas: las reglas, los árbitros, los responsables de cuidar el voto, etc., las establece el gobierno.

De acuerdo con las distintas encuestas, la decisión de participar carece del respaldo de la población y la abstención luce mayoritaria. Los ciudadanos se quedarán en sus casas, lo que no admite ser leído como respaldo a la decisión de los 27 partidos que de manera unánime han decidido no participar. Grupos abstencionistas han formulado propuestas con el fin de dinamizar a la sociedad, p.ej. la consulta humanitaria electoral.

Esta oposición tiene ante sí varios desafíos. De consumarse el proceso electoral, y no parece haber indicios de lo contrario, saldrá electa una “nueva Asamblea” y en este terreno no es posible la coexistencia. Ante esta realidad, qué ha pensado hacer la actual directiva, ¿prolongar el interinato? Y si la respuesta es positiva, ¿cómo? Del régimen que desconoció su carácter minoritario y persiguió, hostigó, apresó, asiló a los diputados, a los ciudadanos y a los partidos políticos, habrá que esperar lo peor. Como hicieron con los petroleros, los perseguirán hasta debajo de las piedras. ¿Se conformarán como un gobierno en la sombra? ¿O como un gobierno en el exilio? Experiencias previas auguran malos presagios a una iniciativa de este tipo.

Los ciudadanos muestran una mayor propensión al voto si la convocatoria la hace la alternativa democrática liderada por Guaidó, aproximadamente 60%; se reduce a menos de la mitad si este no participa y la hace solo una fracción de la llamada oposición. Los resultados de las encuestas hablan de la necesidad de reconectar a los ciudadanos, sus problemas y su realidad con el liderazgo. ¿Lo logra la decisión adoptada?

@tomaspaez

 

 

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