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El Tribunal Constitucional retoma sus plenos con el «procés» como protagonista

Turull y Rull, dos de los condenados por el Supremo cuyos recursos de amparo verá el TC


Madrid
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Un mes y medio después del decreto de alarma del Gobierno, el Tribunal Constitucional retoma hoy sus plenos con uno que será el primero no presencial de su historia.Pese a la situación excepcional de confinamiento que vive el país, y en pleno debate sobre la posible extralimitación de derechos y libertades, no será este asunto el que monopolice la reunión de los miembros del tribunal, sino la admisión a trámite de varias cuestiones y recursos de inconstitucionalidad sobre distintas temáticas (uno de ellos, de Vox, sobre las medidas económicas adoptadas por el Gobierno el 17 de marzo) y diez recursos de amparo de particulares. Todos ellos tienen un denominador común: el «procés».

Así, los magistrados tienen que decidir si admiten los recursos de Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull, Carles Mundo, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carmen Forcadell y Joaquín Forn contra la sentencia del Supremo que les condenó por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Dos de ellos piden amparo en otros recursos que también forman parte del orden del día del tribunal por la vulneración de derechos en relación a otros asuntos.

Al margen de la decisión sobre la admisión a trámite de estos amparos, los magistrados harán lo propio con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra contra el Decreto-ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía; un recurso de grupo parlamentario de Vox contra el real decreto del Gobierno del pasado 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19; una cuestión de inconstitucionalidad del TSJ vasco contra un artículo de la Ley de Relaciones Familiares del País Vasco y otra cuestión de inconstitucionalidad, en este caso del Tribunal Supremo, contra el precepto que regula las multas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Que el Pleno no sea presencial no significa que se vaya a desarrollar de forma telemática y que los magistrados vayan a interactuar o intercambiar impresiones por viceoconferencia o algún sistema similar. Según informa el propio tribunal, la reunión se llevará a cabo por «un procedimiento sustancialmente escrito observado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Se combinarán así correos electrónicos y llamadas de teléfono y se resolverá sólo sobre admisiones y no sobre propuestas de sentencia relativas a impugnaciones que están encima de la mesa de tribunal desde hace tiempo. No obstante, y pese a no haber deliberaciones, fuentes del tribunal aseguran que durante estas últimas semanas en las que los plazos procesales y administrativos han estado suspendidos los magistrados han continuado trabajando en los asuntos del tribunal y examinando recursos urgentes.

Uno de ellos fue precisamente el que interpuso la semana pasada la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que pedía manifestarse el 1 de mayo en Galicia abriendo un profundo debate sobre la suspensión de este derecho. En vez de llevar el asunto a Pleno teniendo en cuenta las decisiones contradictorias de distintos tribunales superiores de justicia, el presidente del TC decidió llevar el asunto a una de las dos salas del tribunal, de forma que decidiera sobre el destino de este recurso solo la mitad del órgano. La decisión sobre la admisión a trámite de este amparo partió en dos a los seis magistrados, y el propio presidente dirimió el empate con su voto de calidad a favor de la inadmisión.

Malestar con el presidente

Como ha informado ABC, esta forma de proceder ha generado enorme malestar en el seno del tribunal, que componen doce magistrados, por no haber llevado el asunto a pleno al tratarse de un asunto de enorme trascendencia constitucional.

La CUT ha presentado un recurso contra la inadmisión a trámite de ese auto de la Sala Primera porque considera que debe haber «un pronunciamiento del Pleno del Constitucional» antes de llevar este asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como tiene previsto hacer, informa Ep.



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