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El ingreso mínimo vital echa a andar con las oficinas que lo tramitan cerradas y las quejas de los ayuntamientos

El ingreso mínimo vital echa a andar con las oficinas que lo tramitan cerradas y las quejas de los ayuntamientos


VALENCIA
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El ingreso mínimo vital (IMV) ha iniciado este lunes su andadura, fecha en la que podía comenzar a solicitarse, con los centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) cerrados en la Comunidad Valenciana y en muchos otros puntos de España debido al coronavirus (a diferencia de las oficinas de la Agencia Tributaria o del Servicio Púbico de Empleo, que ya están abiertas).

El arranque de esta prestación pactada por PSOE y Podemos -y aprobada en el Congreso sin ningún voto en contra- ha recibido, ya en su primer día de aplicación, las críticas de Gobiernos autonómicos y de ayuntamientos por la descoordinación, la falta de información o la carencia de personal en los distintos niveles de la Administración.

La imagen más llamativa se ha producido a lo largo de la mañana, cuando cualquier persona interesada en solicitar la ayuda de forma presencial no ha podido, ya que las oficinas tenían la persiana bajada. Un hecho que contrasta con la carta enviada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a las principales alcaldías en la que solicitaba la ayuda de la Policía Local para vigilar los centros ante el temor de afluencia masiva, colas y disturbios.

Mientras nada de esto se producía, los carteles en las puertas informaban de que el único canal de presentación de las solicitudes era telemático a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. A nivel presencial, sólo se podrá con cita previa en algunos casos ya a partir del 30 de junio.

Desde la Comunidad Valenciana, Compromís continúa con una posición crítica respecto a la gestión del ingreso mínimo vital, en el que ha encontrado un nuevo campo de batalla con el Ejecutivo central con el que poder marcar agenda y desmarcarse de sus socios del PSOE. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado que el Ayuntamiento se encuentra «totalmente saturado» y ha reclamado al Gobierno recursos económicos, informáticos y de personal para hacer frente desde los ayuntamientos a la posibilidad de que «miles de personas se dirijan a estas administraciones» para pedir la prestación.

«Nosotros tenemos una serie de ayudas de tipo municipal que estamos dando todos los meses», ha indicado, citando entre ellas las habilitadas para paliar los efectos del coronavirus o las de la dependencia. Por este motivo, ha pedido saber «cómo coordinar» la ejecución del IMV. Demandas que, ha comentado, cree que serán compartidas por la mayoría de alcaldes de España.

La previsión era, precisamente, trasladárselas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una reunión por videoconferencia fijada para esta tarde con varios primeros ediles que finalmente ha sido pospuesta por parte de éste.

Información a las puertas de las oficinas que tramitan el ingreso mínimo cerradas
Información a las puertas de las oficinas que tramitan el ingreso mínimo cerradas – ROBER SOLSONA

El Gobierno no responde a las peticiones de Oltra

El discurso de Ribó va en línea con el de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien en un alarde efectista tiró de ironía en una rueda de prensa el mes pasado para reivindicar en euskera la cogestión con las autonomías del ingreso mínimo vital. En el caso de la valenciana, para compatibilizarlo con la renta de inclusión que puso en marcha su departamento en 2017.

La responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas envió dos comunicaciones al Ministerio en las que alertó de diversos problemas en la ejecución del IMV. La primera fue del 19 de mayo, y en ella le trasladaba que se trataba de una prestación no condicionada al proceso de inclusión de los beneficiarios y que valoraba «únicamente la situación económica de la persona sin tener en consideración su situación social u otros factores de exclusión». «La propuesta que nos hace llegar el Gobierno central es un híbrido. Aspira a ser una renta básica universal donde no haya requisitos, pero realmente se centra solo en las familias empobrecidas como se realiza en las rentas mínimas. Sin embargo, se las desvincula de la posibilidad de acompañamiento profesional para romper con la cronicidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza», rezaba el escrito.

Por este motivo, proponía que el IMV se gestionara como el Sistema Nacional de Dependencia, de modo que la Administración General del Estado lo financiara a cada autonomía y, ésta, a su vez, lo complementara con sus leyes propias de rentas mínimas. Con ello, expresaba Oltra, se podrían evitar las duplicidades que cree que se encontrarán puesto que las rentas autonómicas no computan para el cálculo del ingreso mínimo vital. Algo que acarreará, señala, «consecuencias políticas difíciles de calibrar».

A lo cual se une que el Gobierno valenciano -al igual que el resto- tendría que conseguir una autorización expresa de la cesión de datos de todas las personas mayores de edad destinatarias de la prestación. Además del coste de envío y formularios, indica la vicepresidenta del Consell, resulta dudoso que se pueda conseguir con la celeridad necesaria. «Hay que tener en cuenta que las personas a las que se dirigiría esa solicitud de autorización expresa de cesión de datos se encuentran cobrando la renta valenciana de inclusión, por lo que la motivación de contestar el requerimiento de pasar de un pagador a dos pero seguir percibiendo la misma cantidad resultaría insuficiente para una respuesta masiva y rápida», destaca en su carta.

Un convenio para la gestión unificada de ambas prestaciones acabaría con todos estos problemas, en opinión de Oltra.

Todos estas discrepancias se volvieron a detallar en una posterior propuesta de cambios del decreto, cuyo borrador recibieron los ejecutivos autonómicos dos días antes de aprobarse el texto definitivo. Nada de esto se incluyó ni ha habido respuesta alguna, de manera que el descontento sigue presente entre los cargos de Compromís.

Los gerentes de servicios sociales se rebelan

Enojo que también manifiesta la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales. En un comunicado del 12 de junio denuncian que el Ministerio ha mantenido una actitud de «cierto oscurantismo y poca consulta tanto con comunidades y entidades locales, como con entidades del tercer sector».

«Resulta clamorosa la falta de reconocimiento (explícito y de la única forma admisible, la de la financiación) del compromiso que asumen los ayuntamientos en la gestión del nuevo IMV y de la generosidad que de nuevo se les exige en pro del reconocimiento de un nuevo derecho social a favor de sus vecinos», remarcan.

«En un nuevo ‘yo invito y tú pagas’, los ayuntamientos contribuirán económicamente con más de 70 millones de euros anuales a la gestión del ingreso mínimo vital», calculan, para advertir de la «lentitud» y las «disfuncionalidades» que tendrán lugar.



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