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Constitucin y CGPJ | Columnistas

Constitucin y CGPJ | Columnistas


ltimamente, el Gobierno, sus socios parlamentarios y varios juristas estn tildando al Partido Popular y a su presidente de inconstitucionales por no querer sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caduco desde diciembre de 2018. Dado que parece evidente que el PP lo hace por estrategia poltica y no por conviccin democrtica, estoy seguro de que acabar sentndose (otra vez) y renovando el rgano de gobierno del Poder Judicial. Pero, entre tanto, quiero defender que la verdadera inconstitucionalidad est en renovar el CGPJ con el actual sistema.

Es cierto que ya debera haberse renovado y es verdad que, mientras no sea as, estamos ante una anormalidad institucional. Pero llamar inconstitucional a quien no alcanza el acuerdo para ello es, cuanto menos, semnticamente exagerado. La misma Constitucin y la Ley Orgnica del Poder Judicial (LOPJ) exigen una mayora cualificada de tres quintos de cada Cmara del Parlamento para dicha renovacin y la LOPJ prev qu debe pasar mientras esa mayora cualificada no se alcance: nada. El CGPJ sigue funcionando con normalidad. Es decir, no alcanzar los acuerdos para la renovacin de un rgano es algo posible y previsto. Es algo no deseable, claro; la CE dice que debe renovarse cada cinco aos. Pero de ah a decir que es inconstitucional cuando la propia CE ha previsto esa mayora tan difcil de lograr, es un salto muy grande, al alcance tan slo de aquellos que se apropian de la palabra democrtico para defender sus ideas frente a las de los dems.

De hecho, como deca, lo verdaderamente inconstitucional es preservar el actual sistema de eleccin del CGPJ. Veamos por qu.

La CE dispone en su art. 122.3 que el CGPJ est formado por 20 vocales, 12 jueces ms ocho juristas. Indica que, para elegir a estos ltimos, el Parlamento debe alcanzar la mayora de 3/5 en ambas Cmaras, pero para elegir a los jueces se estar a lo que disponga la LOPJ. sta dispuso inicialmente que los 12 vocales judiciales fuesen elegidos por los propios jueces. Pero, en 1985, a iniciativa del Gobierno socialista, se modific la LOPJ para que tambin fuesen elegidos por los partidos mediante votacin en Congreso y Senado, igualmente por mayora de 3/5. Se pas, por tanto, a un sistema en el que el Legislativo, dominado por los grandes partidos, decida ntegramente la composicin del rgano de gobierno del Poder Judicial. Y as hasta hoy.

No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta de que este sistema chirra en su acomodo a la CE. sta dise un CGPJ mixto, no slo en su composicin, sino tambin en su eleccin. As, mientras indica expresamente que los ocho vocales juristas deben de ser elegidos por las Cortes, no dice lo mismo de los 12 vocales judiciales cuando es evidente que, de haber querido otorgar tambin al poder poltico esta eleccin, lo habra dicho. Pero no, claramente diferencia, alejando a los partidos de los vocales judiciales. Por eso, esta LOPJ de 1985 fue llevada al Tribunal Constitucional, que en la famosa STC 108/1986, de 29 de julio, aval la constitucionalidad del sistema de eleccin poltica. A pesar de ello, su Fundamento de Derecho n 13 dice dos cosas que, a mi modo de ver, son muy importantes.

Una es una obviedad: si la finalidad de la CE es asegurar que la composicin del CGPJ refleja el pluralismo existente en el seno de la sociedad y del Poder Judicial, esta finalidad se alcanza ms fcilmente atribuyendo a los propios jueces la eleccin de los 12 vocales judiciales. Es cosa que ofrece poca duda, dice el TC.

A continuacin, sin embargo, seala que ese fin no se impide con un procedimiento de eleccin poltica, sobre todo, dice, si se adopta la cautela de exigir una mayora calificada de 3/5 en cada Cmara. Pero aade lo que, a mi juicio, es lo ms relevante. Deja escrito que el fin pretendido por la CE se pone en riesgo si las Cmaras, a la hora de efectuar sus propuestas de renovacin, atienden slo a la divisin de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporcin a la fuerza parlamentaria de stos. A continuacin, de forma muy ingenua, apostilla que la lgica del Estado de partidos empuja a este proceder, pero esa misma lgica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos mbitos de poder y entre ellos, y sealadamente, el Poder Judicial.

Muchos creemos que esta advertencia es la clave. Se trata de una condicin. Lo que dice el TC es que el actual sistema es constitucional siempre que los partidos no se repartan los vocales por cuotas, segn su representacin parlamentaria. Que es justo lo que lleva sucediendo desde 1985.

Si la CE y la LOPJ han dispuesto la cautela, en palabras del TC, de exigir esa mayora cualificada para renovar el CGPJ, es evidente que lo que se quiere es que los partidos alcancen grandes consensos sobre quines han de ser vocales del CGPJ. Que vayan ms all de siglas y, forzados a llegar a acuerdos, se centren en el perfil tcnico y profesional de los candidatos, y no en su presunta adscripcin ideolgica.

Nada de esto ha sucedido nunca. Jams los partidos se han puesto de acuerdo sobre quines van a ser los vocales del CGPJ, sino sobre cuntos le corresponden a cada uno. En sta y en las anteriores negociaciones para renovar el CGPJ, se lucha por el nmero de vocales que corresponde a cada partido, asumindose que quien tiene la mayora parlamentaria debe acaparar ms vocales que el resto, con las correspondientes cesiones a aquellos partidos que desean su parte en el CGPJ y son necesarios para alcanzar el acuerdo de renovacin. Luego, cada partido es libre de colocar en sus plazas a quien quiera, pues el compromiso es votar en bloque a los de los dems y que los dems voten a los de uno. Y salvo algn veto alguna vez, muy alejado del deseado fin constitucional de que se elijan a los mejores (el veto servira para esquivar a los peores), quines sean finalmente los votados es indiferente.

En definitiva, el TC dice que la CE no quiere un reparto por cuotas, de lo que se colige la inconstitucionalidad del sistema. Se est burlando el mandato constitucional: donde la CE quiere consenso, los partidos ofrecen conchabeo. A esto hemos de aadir la evidencia europea de que este sistema de designacin poltica es, por s mismo, contrario a la separacin de poderes y a la independencia judicial establecidas en la misma CE.

Lo ha dicho el Consejo de Europa a travs del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso de Ramos Nunes de Carvalho y otros contra Portugal, sentencia de 21 de junio de 2016), en la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez y a travs del Grupo de Estados Contra la Corrupcin (GRECO), que en su ltimo informe de evaluacin a Espaa, de junio de 2019, ha vuelto a pedir que abandonemos el sistema de eleccin poltica de los vocales judiciales por ser el mismo un factor de corrupcin (literalmente, tiene un impacto inmediato y negativo en la prevencin de la corrupcin).

ltimamente tambin lo ha dicho la UE con relacin a Polonia, que recientemente ha reformado sus leyes para que, como en Espaa, la totalidad de miembros de su Consejo sean elegidos por los parlamentarios, lo que hace dudar de su independencia y se considera que infringe la normativa europea (STJUE del Asunto C-169/18). Europa es muy clara, pero nuestros polticos no quieren escucharla.

Por cierto, ante el bloqueo del PP, son varias las voces que se alzan ahora sobre la necesidad de reformar la LOPJ a fin de facilitar la renovacin del CGPJ, ya sea reduciendo la mayora necesaria para renovar a los vocales judiciales (intil, a mi modo de ver, pues los vocales no judiciales seguirn requiriendo del voto favorable de 3/5 por imposicin de la CE), ya sea acordando una extincin automtica del CGPJ una vez cumplidos los cinco aos (sera el nico rgano constitucional que dejara de funcionar pasado su mandato, a pesar de que el inters pblico exige que siga actuando con normalidad). Dejando de lado la ms que probable inconstitucionalidad de esas y otras reformas, que buscan facilitar los acuerdos de mnimos en vez de los grandes consensos propios de las instituciones democrticas, sera paradjico que, para esto, s se alcanzara el acuerdo de modificar la LOPJ, en vez de reformarla para alejar a los partidos polticos del rgano de gobierno del poder judicial, tal y como pide Europa y llevamos aos reclamando los jueces.

Pero ya se sabe, quien hace la Ley hace la trampa.

  • Fernando Portillo Rodrigo es juez decano de Melilla.

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