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Casado respalda a Ayuso y el PP denuncia una campaña «brutal»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control al ejecutivo regional en la Asamblea de Madrid


Madrid
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La dirección nacional del PP asiste con relativa tranquilidad a lo que considera que es una «campaña brutal» contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigida por el PSOE y sus socios. Génova respalda la gestión de Ayuso, aunque reconoce que, «como todos», ha podido cometer errores, y ve en esa campaña un intento de los socialistas de desviar la atención para señalar otros «culpables» en esta crisis. Desde Madrid se intuye también que detrás de la última polémica está la mano de Ciudadanos.

A lo largo de esta semana, Pablo Casado ha subrayado su confianza en Ayuso en varias ocasiones. Las polémicas que está protagonizando la presidenta de la Comunidad de Madrid no son, para el PP, sustanciales en ningún caso, y el líder de los populares habla de estos asuntos con desgana. Eso sí, el martes pasado recordó que el PP tiene vigente un código ético muy claro, que afecta a todos los populares por igual. Casado siempre ha querido trasladar el mensaje de que en la nueva etapa del PP, con él como presidente, hay tolerancia cero con cualquier actitud que no sea ejemplar, «caiga quien caiga».

El presidente del PP señaló ayer, en una entrevista en Telecinco, que el asunto del piso donde vive Ayuso durante la cuarentena corresponde a la «esfera privada» de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según subrayó, Ayuso «lo va a pagar», por lo que «poco más hay que decir». Casado pidió «igualdad de trato en la información» y que tal y como se habla de este alojamiento de Ayuso también se haga de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que «ha salido de su casa para pasar la cuarentena en una residencia pública».

Según aseguró el líder del PP, el alquiler del piso por parte de la presidenta autonómica corresponde al «ámbito privado que ella va a afrontar porque necesitaba estar fuera de su casa para no contagiar a su madre».

Ayuso decidió mudarse al principio de la cuarentena a otra vivienda por motivos familiares, y se mantuvo ahí aislada y confinada cuando dio positivo por Covid-19. La polémica saltó esta semana cuando desde la izquierda se sugirió que la estancia en ese «piso de lujo» podía tratarse de un caso de cohecho. La dirigente aclaró que lo pagaría de su bolsillo. De hecho, pagará por este espacio 80 euros diarios en virtud de un acuerdo alcanzado con el propietario del establecimiento, de la cadena Room Mate, que es Kike Sarasola. Este rebajó el precio habitual por tratarse de una larga estancia.

Contratos mutantes

Sarasola también donó de forma altruista varios de sus hoteles para el uso de sanitarios y personas mayores de residencias para evitar el contagio. Precisamente de ahí parte otra polémica: el Portal de Transparencia publicó durante una hora un contrato a nombre de la cadena Room Mate por el uso de hoteles como residencia, por algo más de 500.000 euros. El contrato fue después modificado puesto que no era la cadena de hoteles, sino la Coordinadora del Tercer Sector -un grupo de ONG- quienes cobraban por ese servicio, y una cantidad de menos de la mitad de la señalada. Pero en ese periodo de tiempo, Ayuso asegura que el primer contrato fue «filtrado» a la prensa y tras desaparecer y ser sustituido por el segundo, dio pie a dudas sobre la operación.

La consejería de Políticas Sociales, responsable del contrato, achacó su publicación y posterior cambio a un error de un funcionario. Pero en el PP se desató la sospecha, dado que tanto este área como la de Transparencia están bajo el mando de Ciudadanos, el socio del Gobierno madrileño. Hay quien ve en el PP una «mano negra» en la formación naranja interesada en la filtración y posterior polémica en torno al asunto, que perjudicaría la imagen de la presidenta madrileña.

De hecho, desde que se conoció el asunto de los contratos mutantes, la oposición acusó a Ayuso de haber podido recibir un trato de favor en el precio de su apartahotel a cambio de contratar al empresario. Y cuando se supo que tal contrato no ha existido, se ha especulado con quién pagaba la estancia, a lo que la presidenta aseguró ayer en sede parlamentaria que lo hará ella: «de mi bolsillo».

Es más, para Ayuso «lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido, casualmente, mal puesto, y del que se ha enterado justo un periodista y en el momento que lo ha conocido lo han descolgado, a unas horas extrañas». Una concatenación de circunstancias que la llevaron a anunciar: «Abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid». Apenas una hora después, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, comunicaba el cese del Secretario General Técnico de la consejería, Miguel Ángel Jiménez, «el máximo responsable de gestionar esta información», señalaron en el área. Desde el entorno de la presidenta recordaban ayer que este cese tiene que firmarlo Ayuso, que quiere antes una investigación a fondo y no un posible «cabeza de turco» que no aclare el asunto.



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